Ilustración: María Teresa Labarca

Ilustración: María Teresa Labarca

LO POSITIVO

Auge: El plan de Garantías explícitas de Salud (GES), llamado en sus comienzos Plan AUGE (Acceso Universal con Garantías Explícitas en Salud), proporciona cobertura por parte de Fonasa y las Isapres a prestaciones de salud específicas, con la calidad, protección financiera y los límites de plazo garantizados. En sus inicios en 2004, cubría 25 enfermedades; hacia el fin del gobierno de Michelle Bachelet, la lista del GES cubría 56 patologías, entre las que se cuentan insuficiencia renal crónica, cáncer cervicouterino, diabetes mellitus, esquizofrenia y Sida.

Entrada a la APEC: Chile ingresó al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) como miembro pleno durante la Reunión Ministerial de Jakarta, Indonesia en noviembre de 1994. Compuesto por 21 países, la APEC tiene la finalidad de intensificar el sentimiento de comunidad Asia Pacífico y reducir las diferencias entre las economías de la región mediante una senda de crecimiento sostenible. La entrada de Chile responde a una política de “regionalismo abierto” y el creciente intercambio comercial con los integrantes de este foro jugó un importante rol en la decisión de ingresar ya que gran parte de los principales inversionistas extranjeros en Chile son también miembros de APEC (Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón).

Acuerdos económicos: Chile ha firmado desde el regreso a la democracia 21 acuerdos económicos, siendo el país que más acuerdos ha firmado en el mundo, según datos del Congreso Nacional. Además de promover y establecer políticas para el intercambio económico en los países, muchas de estas asociaciones contemplan cooperación política, cultural y académica. Los más importantes son el Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la Unión Europea (UE), que es el primero firmado por Chile en su historia, y se encuentra vigente desde febrero de 2003; el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que fue el quinto firmado por Chile y se encuentra vigente desde enero de 2004, y el TLC con China, que fue el octavo y se encuentra vigente desde octubre de 2006.

Red de protección social: La llamada red Protege es la red de protección social del Gobierno de Chile. Dentro de esta red se incluye la Reforma Previsional que comenzó a implementarse en julio de 2008 y atiende a los chilenos y chilenas que no tienen ahorros previsionales o a aquellos que, teniéndolos, integran el grupo de personas de menores ingresos del país. También busca incentivar servicios tales como el Subsidio para Trabajadores Jóvenes, el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo y la Afiliación Voluntaria para Trabajadores Independientes.

Con la reforma se entrega protección social efectiva a toda la población, pero enfocándose en la que está en una situación más vulnerable. En ese contexto nació el seguro de cesantía, que protege a los trabajadores dependientes cuando quedan cesantes, entregándoles beneficios monetarios, de salud, asignación familiar, becas de capacitación y acceso a la Bolsa Nacional de Empleo. Además se creó en 2002 el plan Chile Solidario como una estrategia gubernamental orientada a la superación de la pobreza extrema, se dedica a la atención de familias, personas y territorios que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Finalmente, en octubre de 2006 se crea “Chile Crece Contigo”, Sistema de Protección Integral a la Infancia que pretende acompañar y apoyar su desarrollo desde la gestación hasta que ingresen a prekinder en el sistema escolar.

Entrada a la OCDE: En enero de este año Chile se hizo miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), una institución internacional intergubernamental que reúne a los países más industrializados de la economía de mercado, y es conocida como el “club de los países desarrollados” o “club de los países ricos”. Nuestro país participaba de ese organismo en calidad de observador desde 1997, pero diez años después fue invitado a ser integrante del exclusivo grupo que reúne a 30 de las economías más estables del planeta. Luego de cumplir con una serie de requisitos en ámbitos como medio ambiente y educación, Chile se transformó en la primera nación sudamericana y la segunda de América Latina en ingresar (México lo hizo en 1994).

Sin embargo, muchos criticaron esta entrada argumentando que aún faltaban requisitos por cumplir. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio,Carlos Jorquera,  planteó la necesidad de contar con flexibilidad laboral. Para otros, las mismas exigencias que impone la OCDE son una motivación para trabajar en el crecimiento del país. Aún falta que el Congreso corrobore la entrada al organismo.

Nuevas regiones: En 2007 la Cámara de Diputados aprobó la creación de dos nuevas regiones: la XIV de Los Ríos y XV de Arica-Parinacota, La iniciativa legal dispuso que la XV región de Arica-Parinacota tendrá de capital la ciudad de Arica, e incluiría las actuales provincias de Arica y Parinacota, antes pertenecientes a la I Región de Tarapacá. En tanto, la XIV región de Los Ríos tendrá como capital la ciudad de Valdivia y con ella además se funda la provincia de Ranco.

Ambas regiones se crearon luego de una larga campaña en ambas zonas para independizarse de sus regiones de origen, tanto por razones prácticas como de representación. El alcalde de Arica, Carlos Valcarce, afirmó en su viaje al Congreso que con esto se cumplía un gran anhelo, mientras que el alcalde de Valdivia, Berbardo Berguer, dijo que la nueva región “hace realidad una aspiración que venía reuniendo a los valdivianos desde hace 30 años”.

Derechos Humanos:

Informe Rettig: Patricio Aylwin inicia la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura a través de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en su gobierno. En marzo de 1991, a través de una cadena nacional televisada, Aylwin presenta el llamado Informe Rettig y pide perdón por los crímenes en nombre del Estado. De esta investigación nace la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que existió entre 1992 y 1997. Las críticas hacia el informe apuntan a que se preocupó sólo de las muertes y desapariciones, dejando de lado casos que no fueron calificados por la comisión como crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, pero que testimonialmente se comprobó su veracidad, como las torturas (que fueron el objeto del Informe Valech en 2004).

Informe Valech: En 2004, y luego de seis meses de investigación durante el gobierno de Ricardo Lagos, se redactó el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por Monseñor Sergio Valech. El objetivo de este organismo fue esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas durante el Régimen Militar y reúne los testimonios de más de 35 mil chilenos detenidos y sometidos a apremios ilegítimos tras el golpe de Estado.

Educación: 

Jornada Escolar Completa (JEC): Progresivamente implementado desde 1998, incluyendo una modificación en 2004, este plan pretendía que para 2010 todos los colegios municipales y particulares subvencionados deben aumentar un las horas pedagógicas hasta al menos 200 horas lectivas. La idea era igualar las oportunidades de aprendizaje de los niños y niñas de todo el país, aumentando de manera significativa los tiempos pedagógicos. El proyecto reconoce el mayor tiempo como un factor que afecta positivamente al aprendizaje, el trabajo técnico de los docentes y la gestión de cada establecimiento; al ampliar el tiempo en los colegios se incluían a las hora lectivas actividades como el estudio dirigido, la realización de tareas y ejercicios, grupos diferenciales, el trabajo en laboratorios, talleres y salidas a terreno, incluyendo también el tiempo de alimentación.

Educación obligatoria: La idea de este plan aprobado por el Congreso en 2003 era aumentar la escolaridad obligatoria hasta cuarto medio, de forma que la obligatoriedad de la educación secundaria superior se extendía a 12 años. Aunque actualmente un 87% de los jóvenes en Chile cursa los 12 años de escolaridad, lo hacen de una forma socialmente desigual: un 98,5% de los jóvenes pertenecientes a familias del más alto quintil de ingresos versus un 82,3% de los jóvenes del quintil más bajo. En este mismo ámbito, una reciente ley (año 2003) prohíbe la discriminación de las estudiantes embarazadas, estableciendo que las madres adolescentes tienen pleno derecho a continuar sus estudios y sancionando a quienes las excluyan.

Sistema Judicial:

Reforma Procesal Penal: El nuevo Código Procesal Penal, instaurado el año 2000, consagra un sistema de corte acusatorio donde las funciones y procesos de justicia corresponden a diferentes estamentos, lo que permite mayor objetividad y transparencia en los dictámenes: la investigación y acusación queda en manos del Ministerio Público, y la defensa de las personas imputadas le corresponde a la Defensa Penal Pública. Se estableció un juicio oral, donde las partes presentan en un debate público los argumentos, pruebas y peticiones a un tribunal colegiado, integrado por tres jueces letrados, que hasta ese momento no tenían conocimiento de la causa, y que serán los encargados de resolver el conflicto. Además el sistema contempla salidas alternativas que acortan el proceso y evitan que llegue a juicio oral, así como un órgano especializado en la protección de víctimas y testigos. Hoy el Poder Judicial dicta sentencia en las 15 regiones del país y, según cifras del ministerio, el 100% de las audiencias de juicio oral han sido públicas.

Familia y reproducción: 

Ley de filiación: Promulgada en 1999, determina la igualdad de todos los hijos ante la ley, de modo que no sean discriminados hayan nacido dentro o fuera del matrimonio. El Estado y sus órganos deben garantizar los derechos de cada niño, adecuando la legislación chilena a la Convención de Derechos del Niño, que incluyen el derecho a la identidad, a conocer su origen biológico y pertenecer a una familia. De este principio surge la posibilidad de investigar la paternidad y maternidad mediante exámenes de ADN. 

Ley de divorcio: La nueva Ley de Matrimonio Civil, cuya primera moción en el Congreso fue en 1997 y que entró en vigencia el 18 de noviembre de 2004, se define como un mecanismo de disolución del vínculo matrimonial por sentencia judicial y que extingue los derechos y deberes personales y patrimoniales adquiridos en el matrimonio. El divorcio rige para todas las uniones, incluso las celebradas con anterioridad a la fecha en que la ley entró en vigencia y opera cuando hay una violación grave de los deberes y obligaciones del matrimonio, o para con los hijos, y cuando hay separación de los cónyuges, sea o no de común acuerdo.

Píldora del día después: Tras una polémica tramitación en el Congreso, esta ley fija las normas de regulación de la fertilidad femenina. En 2006 se promulga una normativa que autorizaba a consultorios y hospitales a entregar la píldora de manera gratuita, no sólo a mujeres violadas, sino a toda aquella mujer mayor de 14 años que la requiriera, sin necesidad de tener el consentimiento de sus padres. La reacción de los sectores conservadores fue inmediata y varios alcaldes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se negaron a acatar la regla en sus municipios, esgrimiendo incluso que la píldora podría tener efectos cancerígenos.

El debate continuó cuando Salcobrand, Farmacias Ahumada y Cruz Verde fueron multadas en 2007 por negarse a vender el fármaco, y finalmente, en 2009, la decisión del ministerio fue revocada por el Tribunal Constitucional. La nueva normativa, que se promulgó en enero de este año, plantea que toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación respecto a anticoncepción de emergencia en forma clara, completa, y de requerirlo confidencialmente. Se permite la distribución de la píldora del día después en todos los consultorios del sistema público, haciéndola parte de una política de salud y no sólo como un medicamento más en las farmacias.

LO MALO

Pinocheques: En 1990, cuando Chile recién comenzaba su nueva etapa democrática, salieron a la luz pública tres cheques girados por el Ejército a nombre de Augusto Pinochet Hiriart, hijo del entonces Comandante en Jefe Augusto Pinochet. Tras esto, la Cámara de Diputados decidió crear una comisión investigadora que estuvo presidida por el ex integrante del Partido por la Democracia (PPD) y fundador de Chile Primero, Jorge SchaulsohnCHAULSOHN. Schaulsonn, y cuya conclusión era que los cheques fueron usados por Pinochet Hiriart para pagar créditos otorgados a una de sus empresas. Esto de inmediato generó tensiones entre el mundo cívico y militar: primero un acuartelamiento de las fuerzas militares que generó suspicacias y temores de parte de la sociedad y el mundo político, aunque fue justificado como un ejercicio de enlace, y luego en 1993, mientras el Consejo de Defensa del Estado (CDE) continuaba la investigación, un grupo rodeó el edificio de las Fuerzas Armadas en el llamado “Boinazo”. Ese mismo año, el presidente Eduardo Frei, habría aceptado las presiones del Ejército y pidió al CDE que no siguiera el caso en tribunales “por razones de Estado”. El caso quedó hasta ahí, aunque en septiembre de 2009 Pinochet Hiriart fue llamado a declarar por el juez Valderrama, que creía que los “Pinocheques” eran una arista para entender el origen de la escandalosa fortuna acumulada por su padre.

Caso MOP-GATE: Uno de los escándalos de corrupción más grandes de los gobiernos de la Concertación aún continúa investigándose e involucró al Ministerio de Obras Públicas. El caso MOP-Gate y todas sus ramificaciones (como MOP-Ciade y MOP-Délano) consistió en un fraude al fisco y estafa por un total de $1.235 millones por la sobrevaloración de contratos, ocultamiento de costos y triangulación de dineros para pago de sobresueldos. La ministra Gloria Ana Chevesich está a cargo desde 2003 de la investigación a contratos firmados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con consultoras externas entre 1997 y 1998, entre las que cuentan el Instituto de Economía (Idecon) de la Universidad de Chile, la consultora Gestión Territorial y Ambiental (GATE) y el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade). Se investiga que estas organizaciones habrían recibido dinero de empresas contratistas del MOP por estudios innecesarios, que finalmente financiaban los sobresueldos de funcionarios del ministerio.

En los años que el caso lleva abierto se ha procesado y llamado a declarar a diversas figuras como los ex ministros de Obras Públicas y Transportes Carlos Cruz e incluso al ex presidente Ricardo Lagos. Por su parte, el ex dueño de la empresa GATE, Héctor Peña Véliz y Oscar Araos fueron condenados. La querella, que aún continúa investigándose, fue realizada por los senadores UDI Víctor Pérez y Evelyn Matthei, y aunque el sumario de la arista principal se cerró en 2008, aún continúa investigándose el caso, y a principios de marzo de 2010 la jueza Chevesich interrogó al ex presidente Lagos.

Caso EFE: Durante el transcurso de este caso se investigaron las irregularidades ocurridas dentro de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) en los años 2005 y 2006. Consistieron en asesorías no realizadas o concretadas sin la calidad técnica necesaria a las empresa Consolida Ltda. por un monto que alcanzaría los $85 mil millones. La investigación por delitos reiterados de fraude al fisco y estafa estuvo a cargo de la fiscal regional de la zona Centro Norte, Sonia Rojas, y el querellante del caso fue el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Los principales procesados del directorio de la firma fueron el ex presidente de EFE Luis Ajenjo Isasi, el ex gerente general Eduardo Castillo Aguirre y el administrador público Patricio de Gregorio, quienes finalmente fueron absueltos el año pasado por el Cuarto Tribunal Oral de Santiago, y no se pudo acreditar el delito. Sin embargo, el caso no se quedó ahí, pues el Ministerio Público evalúa actualmente recurrir a la nulidad tras conocer íntegramente el veredicto. Además, un Ministro en visita indaga las irregularidades cometidas con antelación a 2005.

Revolución pingüina: El movimiento estudiantil de marzo de 2006, que incluyó paros, tomas de colegios, enfrentamientos con Carabineros, negociaciones y divisiones internas, marcó el inicio del gobierno de Michelle Bachelet. Las exigencias no eran pocas: pase, tarifa escolar y PSU gratuita, reformulación de la Jornada Escolar Completa (JEC), derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y fin del sistema de educación municipal por uno centralizado desde el Estado. Como solución al conflicto, la Presidenta constituyó un Consejo Asesor Presidencial de Educación al que fueron invitados los estudiantes y expertos en educación, profesores y estudiantes universitarios.

De ese Consejo, y tras varias polémicas entre sus integrantes, se entregó a la presidenta en 2007 un documento del cual nace la nueva Ley General de Educación (LGE). Ésta realizó numerosos cambios, como darle un mayor control a los sostenedores, la prohibición de seleccionar estudiantes hasta sexto año básico y la creación de una Agencia de Calidad. Sin embargo, respondió de manera insuficiente a las demandas estudiantiles, al no haber cambios en la JEC ni el sistema municipal. Además, generó nuevos conflictos, como la indicación que permite a profesionales no docentes impartir clases, que fue rechazada por el Colegio de Profesores.

Chiledeportes: Un nuevo golpe a la probidad del Gobierno vino en 2005, cuando la Contraloría dio cuenta de una pérdida de 400 millones de pesos durante el año 2005 en dineros destinados a proyectos de ChileDeportes. Los procesamientos se interpusieron por los ilícitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y apropiación indebida de dinero. Participaron de las querellas el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Servicio Electoral (SERVEL) y el Servicio de Impuestos Internos (SII). Entre los inculpados por el delito de fraude al Fisco estaban el ex director regional de Chiledeportes, Juan Michel, y su ex jefe de gabinete David Navarro. Por el delito de estafa estaban acusados el primo de Michel y gestor de contratos con la empresa “fantasma” Publicam, Mario Salazar, y el funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) de San Bernardo Luis Jofré. También se investigó la aparición de la empresa Publicam en las rendiciones de gastos electorales que hizo el senador PPD Guido Girardi al SERVEL.

Michel, el acusado más emblemático, fue absuelto en un juicio oral en ocho de los nueve delitos que le imputó el Ministerio Público. Sin embargo, fue condenado a tres años y un día de pena remitida y al pago de 11 UTM por asignar directamente 9 millones de pesos en 2005 para una fiesta de fin de año de los funcionarios de la dirección regional en Isla Maipo. Inicialmente arriesgaba una pena de hasta 15 años de cárcel según lo solicitado por el Consejo de Defensa del Estado.

Transantiago: La implementación de un nuevo plan de locomoción colectiva para la capital era en2002 la promesa del Presidente Ricardo Lagos. La meta era dejar atrás las micros amarillas por un transporte seguro, rápido, que se sustentara financiera y ambientalmente y mejorara la calidad de vida. Entre otras cosas, se implementaría un sistema de prepago con tarjeta (llamada Bip!) que eliminaría las carreras por corte de boletos, se usarían buses con accesos para discapacitados y adultos mayores, y se generaría menos contaminación. El plan, programado para comenzar en 2005, tuvo que ser retrasado dos veces hasta que finalmente comenzó a operar el 10 de febrero de 2007. Ese día sábado, los problemas se hicieron evidentes: zonas sin recorridos, largas esperas en los paraderos, demasiados trasbordos para llegar de un punto a otro y desinformación. Para el lunes el caos era aún mayor, y Metro estuvo obligado a operar al triple de su capacidad normal. En marzo, el ministro de Transporte Sergio Espejo fue reemplazado por René Cortázar, quien de inmediato, y en vista de que el sistema no se financiaba, hizo un traspaso de 80 millones de dólares desde Metro. La derecha consideró este traspaso ilegal y ante la negativa del Congreso a dar nuevos recursos, el Gobierno usaría dos veces -en septiembre y diciembre de 2008- el 2% de presupuesto nacional del que dispone constitucionalmente para calamidades públicas. Pese a que además se pidieron más de $80 mil millones al BancoEstado y US$400 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  entre 2007 y 2008 las pérdidas fueron de US$ 949 millones. Éstas se veían aún más afectadas por la alta evasión en el pago, estimada en a lo menos un 20%.

Para febrero de 2009, según Adimark, el 73 por ciento de los ciudadanos rechazaba el sistema. El Congreso aprobó un subsidio para el transporte a nivel nacional por más de US$3.400 millones, lo que permitirá cubrir los déficits del Transantiago hasta que logre autofinanciarse. Entre marzo y abril de este año, el pasaje de Transantiago subirá 30 pesos, llegando a los $430.

Conflicto mapuche: La década de los noventa marca un recrudecimiento en la violencia en la Araucanía, pero es a partir de 2000 cuando, tras diversas tomas de fundos y ataques incendiarios, la tensión llegó a su punto culmine con la muerte de tres jóvenes comuneros mapuches: Alex Lemún Saavedra (2002), Matías Catrileo Quezada (2008) y Jaime Mendoza Collío (2009). Otro de los conflictos más importantes entre el Estado y el pueblo mapuche fue el proyecto hidroeléctrico Ralco, aprobado antes de que se dictara el respectivo reglamento de la Ley de Medio Ambiente en 1996. Al año siguiente, tres camiones cargados con madera que salían de un terreno en litigio entre la Forestal Arauco y las comunidades mapuche de la localidad de Lumaco, en la Región de la Araucanía, fueron incendiados.

A través de la organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco, los mapuches movilizados argumentan que la solución a sus problemas no sólo pasa por tener derecho sobre sus tierras actuales y la devolución de las despojadas con antelación, sino también el reconocimiento del pueblo mapuche como un pueblo política y territorialmente autónomo, aunque no necesariamente independiente, del Estado chileno. En respuesta a estos requerimientos, en septiembre de 2009 entró en vigencia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y la elaboración del Código de Conductas Responsables para inversiones en Áreas de Desarrollo Indígena, pero la iniciativa produjo rechazo entre los empresarios de la zona. El conflicto con el pueblo mapuche obligó a la Presidenta Bachelet a designar a un Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, y a enviar al ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma a la Novena Región, sin mucho éxito. De hecho, a fines del año pasado los mapuche pidieron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Demanda de Perú en La Haya: En enero de 2008, Perú presentó ante la Corte Internacional de la Haya la esperada demanda contra Chile por los límites marítimos. Para nuestro país, la frontera marítima quedó delimitada por los acuerdos suscritos entre ambos países en 1952 y 1954, pero Perú cataloga estos acuerdos como regulatorios sólo de la actividad pesquera; por eso piden que la línea de concordia –que se traza desde el hito 1– no sea horizontal, sino dirigida hacia el suroeste, con lo cual obtendrían unos 35.000 kilómetros cuadrados de territorio adicionales. El gobierno chileno afirmó en su momento que esta demanda desconoce los tratados vigentes y que se usarían todas las estrategias legales para enfrentarla. Así, los representantes chilenos en el Tribunal Internacional entregaron a principios de este mes la contramemoria chilena¸ documento que, según dijo Jaime Gazmuri, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, incluye mapas oficiales peruanos. El nuevo gobierno ha seguido el proceso de cerca, ya que es sabido que este proceso tomará, a lo menos, un par de años.

Crisis del sistema público de salud: La crisis de la salud pública ha sido una constante en los gobiernos de la Concertación, tanto por la falta de recursos del sistema de como por los problemas de eficiencia funcionaria. En ese contexto, tuvo gran impacto el caso del Hospital de Iquique, donde 25 pacientes con VIH, confirmados por el Instituto de Salud Pública desde 2006, no habían sido notificados de la enfermedad hasta el año 2008. Esto terminó costándole el cargo a la ex ministra de Salud, María Soledad Barría, y obligó a la Contraloría a intervenir, asumiendo una investigación sobre el tema que sigue hasta hoy. Otro de los casos emblemáticos es el del Hospital de Talca, donde en 2005 las madres Lucy Soto y Cecilia Castro recibieron cambiados a sus hijos, recién nacidos, en la maternidad de ese lugar, para saber la verdad recién un año después de la negligencia. En ese mismo lugar sucedieron otras controversias, por el uso de un taladro de ferretería para la realización de neurocirugías, la calidad de su infraestructura y la sanidad del local.

Deuda histórica de los profesores: Todo se inició en 1981, cuando el Estado transfirió las escuelas y liceos públicos a los municipios para su administración. Debido a eso, al profesorado no se le reconoció el reajuste especial de entre 50 y 90 por ciento del sueldo base que se había entregado, pocos meses antes, a los demás empleados públicos. Además, debieron someterse al régimen previsional y de salud privado en el que, según acusan, han tenido cuantiosas pérdidas en sus montos de pensiones. Como resultado de todo lo anterior, en 1990 los sueldos del magisterio alcanzaban apenas al 28 por ciento de su nivel anterior al Golpe de Estado, y los profesores sostienen que el Estado tiene con ellos una deuda histórica.

Luego de diversas negociaciones, en 2000 los profesores acudieron a la justicia, presentando una serie de demandas al Fisco por el daño causado, las que aún no obtienen un fallo. En 2008 el Senado logró determinar el número de docentes afectados en 94.000 personas, y ante la negativa del Gobierno de tomar una decisión en el tema, los parlamentarios se negaron a aprobar el presupuesto de educación para el año 2009. Luego, los parlamentarios formaron una comisión especial que estudió la deuda y entregó un informe al Ejecutivo con una propuesta de pago. A fines del año pasado, y tras recibir la propuesta de la Cámara –que contemplaba una indemnización más que un pago– los ministros de Hacienda y Educación se negaron nuevamente a cancelar la deuda citando un informe de la Contraloría que daba por caducado el compromiso, lo que produjo la ira no sólo de los profesores, sino también de los parlamentarios de la comisión.

Se llegó así al presupuesto de educación 2010 con una nueva negativa del Gobierno frente a la deuda histórica. Y aunque la mayoría de los parlamentarios la rechazó en primera instancia como medida en apoyo a los profesores, terminó por aprobarse dejando a los docentes a la espera de las decisiones del nuevo Gobierno.